Por Ariana Rauda Campos.
En el marco del Día Mundial del Ambiente, retomamos una conversación del programa Voces y Política sobre uno de los recursos más esenciales para la vida: las semillas. Activistas y agricultores de México y Uruguay reflexionan sobre las disputas en torno a su control, la soberanía alimentaria y los desafíos que enfrentan las comunidades que defienden el intercambio y la conservación de los cultivos tradicionales.
Los humanos han recolectado los frutos de semillas desde el inicio de su historia. La modernidad llegó cuando aprendieron a sembrarlas y cuidarlas. Desde entonces, estos granos controlan sociedades, como uno de sus mayores símbolos de poder y riqueza.
“El negocio más grande del mundo es la alimentación. Quien controle eso, en términos capitalistas, pues supongo que se imaginan los más ricos del mundo. Y les vale, diríamos en México, les vale madre, pues que pase con la humanidad y con la naturaleza y con el futuro”, señaló la activista Evangelina Robles.
Semillas en disputa: los casos de México y Uruguay
Las semillas son esenciales para la vida, no obstante, a lo largo del tiempo estas se han ido concentrando en las manos de algunas personas, quienes comenzaron a alterarlas y patentarlas. En 1994 se puso a la venta el primer producto transgénico, un tomate modificado genéticamente para durar más en ablandarse.
Grupos como la Red de Coordinación de Biodiversidad en Costa Rica defienden el uso de las semillas como base de la alimentación y el intercambio entre los pueblos, no como un insumo para producir y vender.
Voces y Política conversó con representantes del movimiento en protección de las semillas en Latinoamérica. La mexicana Evangelina Robles es integrante de México Colectivo por la Autonomía y Saberes Locales de Jalisco y parte de la Red en Defensa del Maíz. Mientras que, el uruguayo Marcelo Fossatti es agricultor y coordinador de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas.
“Lo que ahora tenemos todas y todos en el mundo es el resultado de un cuidado mutuo de las semillas con los pueblos y del intercambio. Cuando tú recibes una semilla tienes una responsabilidad muy grande porque no puedes llegar y decir: ‘Qué bonito maíz traje’. Tienes que sembrarlo, compartirlo, cuidar que se vuelva a dar y quizás regresarle semilla a quien te la dio”, indicó Robles.
De acuerdo con la activista, en México el libre comercio empezó a subdividir, a través de regulaciones, el agua, la tierra, los bosques y las semillas; estos recursos antes eran propiedad de la nación que se compartía con la propiedad social.
“Las semillas son memoria del pueblo y yo pienso que más que una regulación se necesitan acuerdos, acuerdos comunitarios. Sin intercambio las semillas no serían lo que son ahora”, declaró Evangelina Robles.
Actualmente, un 60% del territorio es propiedad colectiva y un 40% es privada. Todavía continúan las luchas en contra de las regulaciones que buscan concentrar y controlar el uso de la tierra y los cultivos.
“En la región donde nosotros habitamos las semillas se cuidan por familias y comunidades. Esas semillas son la herencia familiar más antigua, es tan antigua como la agricultura, o sea, más de 10 mil años”, mencionó Robles.
Por otro lado, Fossatti señaló que en Uruguay cada vez hay menos agricultores. Ha ocurrido un desplazamiento masivo de campesinos a las ciudades y solo un 3% de la población vive en el campo. Además, se aumentó el uso de agrotóxicos, pesticidas y semillas transgénicas.
“Hay dos modelos en disputa. Hay un modelo que es un modelo de la muerte, de la expulsión, de la desaparición forzosa de familias del campo. Es una desaparición forzosa contra un modelo de la vida que genera alimentos para las personas y para las ciudades, que cuida la naturaleza, que cuida el ambiente, que cuida nuestra agua, nuestros recursos”, declaró el agricultor.
Ambos ambientalistas señalan problemas en sus países provocados por el modelo industrial. Un caso de ello es la Unión Internacional para la Obtención de las Obtenciones Vegetales (UPOV), la cual se encarga de otorgar derechos de propiedad intelectual sobre variedades de plantas.
“En el concepto que manejan las grandes corporaciones que concentran el modelo industrial: quien controla las semillas controla la alimentación y quien controla la alimentación controla el desarrollo de la humanidad en su conjunto”, señaló Fossatti.
El caso de la piña rosada
Costa Rica es reconocido mundialmente por su venta de la piña rosada. La PinkGlow™ Rosé es un producto genéticamente modificado, con características muy similares a la piña regular pero que resulta más dulce y rosa.
El cultivo pertenece a la empresa Del Monte, lo comenzaron a desarrollar en el 2005 y el gobierno aprobó su siembra en el 2011 (fuente: GMO Answers).
La patente es de la empresa y por lo tanto nadie más puede cultivarla. En los casos en los que la semilla se ha trasladado naturalmente, a través del viento y polinizadores, a las tierras de otras personas estas se han visto obligadas a destruirlas.
Control y protección de semillas en Costa Rica
En Costa Rica, la UPOV ingresó junto con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. El tratado permitió la privatización de recursos como las semillas al contradecir el artículo 78 de la Ley de Biodiversidad.
El artículo exceptúa de la protección mediante patentes a “las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público”. El inciso se refiere a prácticas como la agricultura.
¿Quién regula el uso de semillas en Costa Rica? Desde 1978, la Oficina Nacional de Semillas tiene bajo su control todas las variedades de semillas en el país. Para su comercio se debe recibir certificación de calidad, origen y viabilidad por parte de la oficina, los costos recaen sobre quienes venden. Si no cumplen con los requisitos y comercian ocurren multas y decomisos de productos.
En la actualidad, se implementa la Política Nacional de Semillas (2017-2030). Esta obtuvo elogios a nivel mundial por su aporte a la adaptación de la agricultura al cambio climático, sin embargo, también recibió críticas por:
- ser una amenaza a las semillas criollas (al no cumplir requisitos UPOV son comercialmente ilegales)
- criminalizar el intercambio de semillas
- falta de consulta de los sectores indígenas (principales defensores de las semillas)
- riesgo de monopolio y privatización (puede favorecer a transnacionales y amenazar la soberanía alimentaria)
- dependencia de insumos como pesticidas (Costa Rica es de los países que más utiliza agroquímicos por hectárea en el mundo)
En enero del 2026, se desarrolló en Cartago la primera sesión preliminar del Tribunal Permanente de los Pueblos en defensa de las semillas. Esta es una corte internacional que reúne organizaciones campesinas, indígenas y redes comunitarias para juzgar y recopilar denuncias, amenazas y violaciones a la relación entre los pueblos y sus semillas.
En el país los mayores defensores de los cultivos son los grupos indígenas y las redes campesinas, especialmente las mujeres. Ante los intentos de establecer leyes que privaticen las semillas (como el proyecto de Ley Nº21.087 del 2020) la lucha por la soberanía alimentaria de los pueblos continúa.